Procuran instrumentar políticas anticorrupción en los puertos bonaerenses
Más como una actitud preventiva y como parte de una política institucionalizada de combatir la corrupción que como respuesta correctiva a prácticas irregulares detectadas en los puertos provinciales, el Ministerio de Producción conminó a los presidentes de los consorcios portuarios a firmar un convenio para “promover acciones tendientes a la consolidación y fortalecimiento institucional”.
Inspirado en parte en el “compliance” ampliamente extendido en las corporaciones del sector privado, y en el modelo de mejores prácticas institucionales que instrumenta a nivel Nación la Oficina Anticorrupción, el titular de la cartera, Javier Tizado, convocó a los titulares de los puertos de la provincia a “impulsar procedimientos internos para promover la probidad y, de esta forma, impedir posibles prácticas reprochables en las operaciones de los mismos”, destacó un comunicado del Ministerio.
La medida, catalogada de “inédita” por Tizado, fue rubricada por Miquel Donadío (Puerto Bahía Blanca), Alejandro Semmartin (Puerto Dock Sud), José María Dodds (Puerto La Plata), Martín Merlini (Puerto Mar del Plata), Arturo Rojas (Puerto Quequén), y Marcos Almada (Puerto San Pedro), junto con el director ejecutivo de la Oficina de Fortalecimiento Institucional, Luis María Ferella.
Los puertos de San Nicolás y Coronel Rosales, que se encuentran en proceso de pasar de delegación portuaria a consorcio de gestión, suscribirán el convenio una vez que cuenten con su presidente designado por la gobernadora María Eugenia Vidal.
Programa de Integridad
El convenio se enmarca en las políticas del Programa de Integridad en Empresas del Estado bonaerense, y prevé que los presidentes, que ya presentan declaraciones juradas por cuestiones impositivas y por su carácter de funcionarios públicos, elaboren “un registro de socios comerciales y proveedores, y fomentar la política de denuncia de irregularidades entre los empleados o “situaciones contrarias a la ética pública o hechos de corrupción”.
El “compliance” se verificará con la designación que cada puerto deberá hacer de un oficial de cumplimiento estatal (OCE), que tendrá “acceso irrestricto a toda la información que requiera”. El oficial será enlace del directorio del consorcio con la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI), indicó el comunicado.
“Para ello, tendremos que capacitarlos y trabajar, todos, para mejorar la transparencia en las licitaciones, compras y demás procedimientos. Me parece muy buena iniciativa; muchos puertos estamos muy avanzados en la materia y muchos presidentes ya presentamos declaraciones juradas desde hace tiempo. Espero que la suma de transparencia no entorpezca la operatoria”, confió en diálogo con Trade News una autoridad portuaria provincial.
Declaraciones de ética pública
“Es un acta compromiso para que cada presidente de consorcio presente a su directorio la propuesta de colaborar con el organismo en políticas de integridad y prevención de la corrupción en entes de derecho público no estatal. Busca además que tanto el presidente como los directores, los gerentes y coordinadores de área presenten sus declaraciones de ética pública”, confirmó otro funcionario portuario bonaerense.
“Este acuerdo se enmarca dentro de las políticas de control y transparencia en las empresas y organismos públicos impulsadas por la gobernadora María Eugenia Vidal, para garantizar el correcto uso en el manejo de los recursos públicos de todos los Bonaerenses”, amplió Tizado.
Por su parte tanto, Ferella sostuvo que esta “medida ejemplar” responde a que “los puertos siempre fueron mirados como un área crítica de la provincia y esta es una firme decisión (para dotar de) un programa de integridad desarrollado para cada uno de los consorcios portuarios”.
Por último, la OFI prestará la asistencia técnica requerida para la elaboración de una evaluación de riesgo y diagnóstico a fin de “determinar aquellas debilidades operacionales o procedimentales que favorecen la existencia y reproducción de prácticas ineficientes o contrarias a la ética pública”.
