Movimiento de carga marítima cayó 11.7% en abril

Asociación de Agentes Marítimos (APAM) cree que la oferta de transporte de carga marítima hacia el Perú se puede afectar a raíz de reciente aprobación del Decreto  Legislativo 1492 que regula ese servicio y que se evaluará en el Congreso.

La epidemia del COVID 19 viene teniendo efectos negativos en el transporte marítimo, pues el movimiento de la carga en abril cayó 11.7% con respecto al año anterior, observó Estenio Pinzás, presidente de la Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM).

Con datos de la autoridad portuaria nacional, el presidente de APAM precisó que la carga contenedorizada cayó 11.6% y la carga de graneles un 11,4% en el  cuarto mes del 2020. Entre ambos rubros se supera el 80% de la participación de la carga en el mercado.

Señaló que a ese factor negativo en el transporte marítimo generado por la pandemia, se añade la que consideró una inseguridad jurídica producida por el Decreto Legislativo 1492 que aprobara semanas atrás el Ejecutivo. 

Esa norma establece una regulación a los contratos que deberán suscribir en adelante (una vez que se apruebe el reglamento de ese decreto legislativo) las líneas navieras con los operadores del comercio exterior (para el transporte de carga de importadores o exportadores peruanos), de forma que las citadas empresas de transporte marítimo reporten a detalle, cada costo en que incurran sus servicios.

Además dispone que la información sobre los mencionados costos sea incluida en los denominados “conocimientos de embarque” en los que se consignan el detalle de la carga a transportar en cada embarque, y establece además que toda esa información sea transmitida de manera electrónica. Vale recordar que dicho decreto legislativo ha recibido el respaldo de diversos gremios nacionales de usuarios del servicio de transporte marítimo.

No obstante, Estenio Pinzás recordó que (por otro lado) la Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes y Corredores de Embarcaciones (FONASBA) con sede en Reino Unido, ha advertido que el decreto legislativo 1492 añade un factor de inseguridad jurídica a las operaciones de las navieras.

Según la citada Federación, la situación antes descrita, podría conducir a un déficit de oferta de transporte marítimo, debido a que los inversionistas del transporte marítimo podrían desviar su carga a otros puertos.

Pinzás recordó también que FONASBA considera riesgosas dos medidas que se están reglamentando, como la eliminación de la obligación de contar con el conocimiento de embarque para liberar la carga en destino incluyendo todos los servicios en un solo costo.

Y la otra, anotó, es la intervención del Estado en los contratos entre privados, lo cual, indicó, la referida federación considera inconstitucional y daña la economía nacional.

Ello, debido a que el transportista se verá obligado a sobrecargar al propietario de la carga o que haya un perjuicio económico para ambas partes.

Dijo que, para el mencionado gremio de agentes y corredores de embarcaciones, si bien los esfuerzos para introducir conocimientos de embarque electrónicos se ha  desarrollado durante muchos años, la realidad es que la gran mayoría de los envíos internacionales de carga, y todas las transacciones financieras que los acompañan, todavía se realizan sobre la base de conocimientos de embarque en papel.    

Como resultado, dijo, sigue siendo vital para la operación continua y la seguridad del transporte internacional, que el conocimiento de embarque original continúe siendo presentado físicamente antes de la liberación de la carga.

De otro lado, se tiene previsto que hoy viernes el mencionado decreto legislativo-que emitió el gobierno al amparo de las facultades delegadas para legislar-sea analizado por el grupo de trabajo de la Comisión de Constitución del Congreso.

Para el análisis de la citada norma, han sido invitados autoridades de los ministerios de Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo, Producción, Transportes, y gremios como Adex y la CCL (que defienden al decreto legislativo);  Asppor y Asmarpe, que han expresado oposición a la normativa del Ejecutivo.