MEF sobre nuevo DU 003: “Con un 50% de retención se puede viabilizar las ventas”

¿Está satisfecho el MEF con el resultado de la norma, luego del debate en las comisiones del Congreso?

Sí. Estamos agradecidos con los aportes del Congreso. Han fortalecido el espíritu de la norma de dar continuidad a los proyectos, que se restituya la cadena de pagos, asegurar flujos crediticios hacia el sector construcción y viabilizar ventas. La clave era dar certidumbre al circuito económico alrededor del sector construcción, desde bancos, empresas, el Estado como contratista y potenciales compradores también.

Entre febrero y hasta pocos días, el Ejecutivo hizo repetidas exhortaciones para que se aprobara el PL. ¿Por qué era tan difícil consensuar acuerdos?

No he sentido que haya habido cuellos de botellas en la discusión. Es una norma compleja, con contenido procesal, penal, tributario, financiero. Ha habido mucha interacción para atender la norma. Creo que ha sido parte de la discusión. A las comisiones fueron diferentes representantes del sector público, como la Sunat, OSCE y la fiscalía. El consenso toma tiempo, y eso se ha logrado.

Sin embargo, congresistas de Fuerza Popular criticaron que el Ejecutivo insistía en sacar esta norma por el Congreso porque “el mercado ya no confía en el presidente”. ¿Cómo respondería a eso?

Desde un punto de vista técnico, sabíamos que como decreto de urgencia (DU) no se podía dar, porque hay contenidos de tipo procesal, penal y tributario, que constitucionalmente no se puede ‘normar’ por un DU. La otra opción era un decreto legislativo, pero éste no daba predictibilidad a los agentes económicos. La herramienta óptima era dar una ley.

¿Cuál es el cambio en la ley que, a diferencia de hoy, viabilizaría la venta de activos del sector?

El DU era complejo por el lado procedimental, pues para que se diera la venta, el procurador tenía que definir una reparación civil. En esta nueva ley, esa condición ya no está, así que el proceso es más rápido. Dos, había una retención de 100% en el valor de la venta. Con eso, se quita el incentivo de vender. Eso ha cambiado, y ahora es el 50% de retención. Consideramos que con eso se deberían vender varios proyectos, como Chavimochic III, Olmos, y los tramos 2 y 3 de la IIRSA Sur.

EL CASO DE ODEBRECHT

Sin embargo, Odebrecht ha indicado hace algunos días que incluso bajo esa condición no podrá vender Chaglla…

Sí, con ese 50% de retención consideramos que se puede viabilizar las ventas. En el caso de Chaglla, hemos visto que se llega a cubrir todos los pasivos del proyecto, ya sea con proveedores, deudas financieras, etc., y después queda la deuda que pueda tener Odebrecht como accionista. Esa es una decisión del accionista y verá cómo paga sus acreencias. Pero antes de eso, nuestros cálculos mostraban que se iba a vender un proyecto ‘limpio’, sin pasivos detrás.

Ése es un punto que preocupa a los proveedores en problemas financieros. ¿Se puede hablar de una reactivación del sector si esas ventas no se viabilizan? Los postores de Olmos y Chavimochic III ya se han retirado…

En la medida que los proyectos estén en marcha, no hay un problema con los proveedores. Chaglla está en marcha, compra insumos, y le paga a sus proveedores. Ahí no hay problemas. En proyectos como el Gasoducto Sur Peruano sí puede haber problemas porque es un proyecto parado. Odebrecht tendrá que ver cómo le paga a los proveedores. Aquí la idea es darle continuidad a los proyectos. Podrá haber alguna recomposición societaria, pero si los proyectos siguen avanzando, no habrá ruptura en la cadena de pagos.

Si la estrategia es vender los proyectos que no están en problemas para arreglar la cadena de pagos de los proyectos con problemas, ¿cómo se daría un impacto positivo si esos ‘proyectos buenos’ no se venden?

Sí, claro, [eso se dará] en la medida que se viabilicen las ventas, y creemos que con esto será así. Los proyectos están parados en parte porque Odebrecht no tienen la capacidad financiera y técnica para llevarlos a cabo. Dos, en el sector financiero también hay un poco de “esperar a ver qué pasa” en los proyectos en los que está Odebrecht. Entonces, al momento de hacer la venta, se tiene que pagar la deuda de proveedores de ese proyecto. Con la entrada de nuevos socios, el flujo crediticio se reactiva y se paga a los proveedores como siempre.

CONSTRUCTORAS PERUANAS

¿Cómo afectará la nueva ley a las socias de Odebrecht, que son básicamente tres empresas [Graña y Montero, JJC e ICCGSA]?

Aquí hay un criterio de proporcionalidad. No se les puede sancionar en la misma magnitud [que a Odebrecht] porque Odebrecht ya ha confesado. Si bien hay presunción de inocencia, hay que considerar el principio de proporcionalidad, es decir, la participación de la empresa consorciada en un proyecto que pueda presentar delitos de corrupción o que esté bajo investigación. En ese caso, tendrán que conformar un fideicomiso. Las sanciones del ‘tipo Odebrecht’ se dan bajo dos escenarios: si no constituyen el fideicomiso, o si no cumple con el cronograma de pagos luego de haberlo constituido.

¿Cuál será el impacto en las empresas investigadas por el ‘club de la construcción’?

En ese caso es un régimen voluntario porque no hay ninguna vinculación a Odebrecht. Es otro tipo de caso, de colusión o corrupción. Lo que creo que va a pasar es que la gran mayoría [de esas constructoras] se va a adherir al proceso, para darle predictibilidad a proveedores y el sistema financiero.

¿De qué forma los fideicomisos darían continuidad a las obras de infraestructura?

El fideicomiso busca aproximar el riesgo de reparación civil al riesgo que pueda estar expuesta la empresa. Eso da predictibilidad hacia adelante al sistema financiero porque, por ejemplo, ya se tendrá una idea de ese riesgo ante la reparación civil, que se puede definir en siete o diez años. Es un proceso largo.

También hay preocupación sobre cómo, finalmente, se calculará la reparación civil. ¿Esta nueva ley contribuye a solucionar ese cuello de botella?

La última versión del dictamen dice que en el reglamento se tienen que definir los criterios que seguirá el procurador para definir la reparación civil. Ya estamos trabajando en ello con el Ministerio de Justicia, viendo las mejores prácticas internacionales. Hace algunos días ya llevamos trabajando en el reglamento. Esperamos sacarlo antes de los 30 días.

La ley también permite que las empresas que hayan cometido delitos de corrupción aquí o en el extranjero contraten con el Estado. ¿Eso no se podrá aplicar a Odebrecht?

No en el caso de Odebrecht, porque no es retroactivo. Odebrecht ya no puede contratar con el Estado. La idea de ese punto es darle incentivos a las empresas locales para que se acojan a la colaboración eficaz. Esto es bien importante. El fiscal lo mencionó en las sesiones de Economía y Justicia: en el caso brasileño, la ‘delación premiada’ ha servido mucho para perseguir el delito. Aquí hay personas que cometieron delito, y si usaron a la empresa para eso, y tienen información [al respecto], hay que usar esa información.

Ahora entra a tallar el factor tiempo. Si los proveedores de Odebrecht siguen quebrando, y no se recompone esa parte de la cadena de pagos, ¿habrá servido esta norma?

En la medida que se viabilicen las ventas y Odebrecht puedan vender diferentes participaciones, tendrá los recursos para pagar las deudas laborales, con proveedores y con el sistema financiero. La idea es ésa, que la venta de activos les permita saldar todas sus obligaciones.