En Colombia formulan pliego de cargos contra presunto “cartel de practicaje”
Dos gremios y ocho empresas habrían acordado cobros adicionales por maniobras de estos funcionarios.
La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia formuló cargos contra dos gremios, ocho empresas y once personas naturales que estarían vinculadas a la prestación del servicio público de practicaje en diferentes puertos por infracciones al régimen de protección de la libre competencia económica, debido a la presunta formación de un cartel empresarial para la fijar precios por estas operaciones, además de otras infracciones, informó Portafolio.
De acuerdo a los cargos, los investigados con el fin de cubrir los gastos administrativos inherentes al servicio público de practicaje, encargado del movimiento de las naves en los puertos marítimos, habrían acordado el cobro de una tarifa adicional equivalente al 20% del valor total de las maniobras realizadas por los prácticos.
Las empresas que estarían vinculadas a esta investigación, prestan el servicio público de practicaje en los puertos de Buenaventura, Santa Marta, Barranquilla y Turbo.
Según la información, las firmas de practicaje habrían pactado el acuerdo anticompetitivo durante una reunión de junta directiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Practicaje (Aceprac), llevada a cabo el 25 de enero de 2012, a la que habría asistido además el presidente de la Asociación Nacional de Pilotos Prácticos (Anpra), de forma que estas asociaciones habrían servido como escenario para la definición del presunto acuerdo anticompetitivo.
La investigación se habría iniciado como consecuencia de la queja presentada en el 2012 por la Asociación Nacional De Navieros (Asonav), en la cual informó que Anpra Y Aceprac le comunicaron de forma conjunta la implementación del cobro adicional.
En caso que el proceso administrativo termine declarando que efectivamente existió violación del régimen de libre competencia económica, la Superintendencia puede imponer las multas de hasta US$23 millones por cada infracción, mientras que a las personas jurídicas la multa ascendería hasta los US$463.000.
