Empresas y gerentes más expuestos a riesgos penales por accidentes de trabajo

Las empresas se verán obligadas a revisar sus procesos internos y ser más estrictas en el cumplimiento de medidas de seguridad y salud en el trabajo.

Las empresas estarán obligadas a revisar sus sistemas de seguridad y ser más estrictas en el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia. Esta obligación se concretaría luego de que el gobierno emitiera a fines del año pasado, tras la tragedia de McDonald’s, un decreto de urgencia que hace a los gerentes más susceptibles a sanciones penales si se demuestra que atentaron contra las condiciones de salud y seguridad de sus trabajadores. La pena por poner en peligro inminente la vida de un trabajador es entre uno y cuatro años; si un trabajador muere como consecuencia de ello, la pena oscila entre cuatro y ocho años de cárcel. 

Mediante el decreto, el gobierno modificó el Código Penal y eliminó uno de los requisitos necesarios para aplicar una sanción penal a la empresa que pone en peligro la vida y la salud de sus trabajadores: que ella no tome en cuenta una advertencia de la autoridad de trabajo por incumplir las normas de seguridad.

La sanción penal existe desde el 2011, pero en el 2014 se reformó para introducir el requisito de la advertencia previa. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, “esta incorporación ha determinado que muchas conductas deliberadas a la infracción de la normativa de seguridad y salud en el trabajo queden impunes”. Además, remarca que en el 2019 los accidentes mortales llegaron a 200, superando los 150 del 2018.

Con la nueva normativa, “da la impresión de que todo incumplimiento de seguridad y salud en el trabajo es un delito, incluso si no hay muerte, incluso si no hay lesión, porque un fiscal puede ir a un centro de trabajo y ver que los trabajadores están trabajando en opiniones inseguras y decir que hay delito”, comenta José Balta , socio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano.

En opinión de Franco Muschi, socio laboral del Estudio Garrigues, el cambio del 2014 redujo la exposición de las empresas al riesgo penal. “Hemos pasado por una etapa de flexibilización, que coincide con la etapa en que las empresas comienzan a relajarse en materia de seguridad y salud en el trabajo, y hemos vuelto a una etapa de rigidez. Hemos regresado al año 2011, porque hemos eliminado el requerimiento previo, ya no existe obligación de requerir al empleador. Los resultados alcanzados en el año 2014, con la norma que se flexibiliza el delito, fueron malos, porque relajó al empresario”, explica.

El decreto no solo elimina el requisito de la advertencia previa. También elimina la posibilidad de que se evite la responsabilidad penal si la muerte del trabajador tiene como origen que éste no haya seguido las normas de seguridad y salud en el trabajo, advierte Germán lora, socio de Damma Legal Advisors. Según el especialista, los gerentes de seguridad y salud en el trabajo, gerentes de recursos humanos o gerentes generales podrían asumir la responsabilidad penal en estos casos. “Yo lo usaba en los procesos judiciales en materia de indemnización, de cualquier manera tenía que acreditarle al juez que era responsabilidad del trabajador. Hoy ya no tengo nada de donde agarrarme”, complementa Muschi.

Según el decreto, el empleador “quedará exonerado de responsabilidad, en caso no se pruebe el incumplimiento deliberado de las normas de seguridad y salud en el trabajo”. Sin embargo, Muschi sostiene que “los jueces laborales dictan por cualquier cosa indemnización por daños y perjuicios, y tienen la máxima de que en cualquier accidente, sea la culpa de quien sea, es responsable la empresa”. De modo que las empresas tendrán una herramienta menos para defenderse en los procesos judiciales que pudieran enfrentar.

En este escenario, las empresas se verán obligadas a ser más exigentes en el cumplimiento de medias de seguridad en el trabajo. “Una empresa formal va a tener que reforzar y gastar e invertir más en seguridad y salud en el trabajo. Creo que ahora las empresas van a comenzar a aplicar más sanciones disciplinarias frente a incumplimientos de trabajadores. Serán un poco más estrictos en esa materia, incluso podrían despedir por esa materia”, asegura Lora. “Va a servir nuevamente como alerta para posicionarnos en el año 2011, cuando las empresas se preocupaban mucho por esto. Tocará revisar los procedimientos internos, qué responsabilidades asumen los comités de seguridad y salud en el trabajo”, complementa Muschi.