Empresas se adaptan a la norma del beneficiario final, pero persiste incertidumbre

Las empresas han comenzado a recabar información sobre el beneficiario final tras la reglamentación de esa ley, pero la Sunat aún no define los medios adecuados para su entrega.

Las empresas han comenzado a recopilar información para identificar el beneficiario final de sus utilidades. Esto responde a la reciente aprobación del reglamento de la ley del beneficiario final, que regula la forma en que las empresas deberán presentar dicha información a la Sunat.

Especialistas legales declararon a SEMANAeconómica que sus clientes ya vienen recogiendo la información pertinente de acuerdo al reglamento para la identificación del beneficiario final. Pero existe incertidumbre debido a que la Sunat aún no ha masificado un formato para recoger dicha documentación, ni un plazo establecido para seguir el procedimiento. Además, la información podría ser utilizada en investigaciones sobre prácticas elusivas, a pesar de que la norma antielusiva todavía no ha sido precisada por la Sunat y el MEF.

La norma del beneficiario final obligará a las empresas a transparentar a sus verdaderos propietarios e inversionistas. Entre la información requerida destacan los datos de las personas naturales propietarios de cada empresa. En caso de personas jurídicas, la propietaria de la empresa en cuestión deberá presentar los datos sobre su porcentaje de participación en acciones o derechos similares, dirección y otros datos importantes de la empresa.

PROBLEMAS EN LA APLICACIÓN

Las primeras aplicaciones de la ley del beneficiario final se dan sin que esté aprobada una declaración jurada informativa para presentar a la Sunat, ni tampoco una plataforma activa para almacenar documentos y un deadline para presentarlos, según Lourdes Chau, socia de PwC.

“Nuestros clientes ya están alertados, pero aún existen aspectos por clarificar y precisiones que aún la Sunat no define, por ejemplo, cómo se tiene que cumplir y los plazos. En lo que venimos trabajando es en verificar con nuestros clientes el cumplimiento de los requisitos y condiciones para presentar la documentación”, sostiene Jorge Dávila, socio del Estudio Olaechea. Entre sus clientes hay empresas navieras, de software y de telecomunicaciones

Los más interesados en adaptarse son los principales contribuyentes, pues la dificultad para identificar al beneficiario final es mayor en empresas de ese tamaño. El motivo es que detrás de ellas están otras empresas, incluso internacionales, agrega Dávila.

Persisten dos dudas sobre cómo será utilizada la información que recabe la Sunat. No quedan claros los controles de seguridad y confidencialidad que utilizará la Sunat para evitar que la información sea utilizada “de forma indebida”, según Vanessa Watanabe, socia de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. Pero Tania Quispe, exjefa de la Sunat y socia de la consultora +Value, señala que la entidad no ha tenido problemas de filtraciones en su historia reciente.

El problema, advierte Quispe, podría radicar en la “discrecionalidad que puedan tener los auditores en el momento de determinar si hay o no elusión”. Esta discrecionalidad  en los procesos de fiscalización tributaria pasará el filtro de un comité revisor, tal como dispuso el Ejecutivo en el Decreto Legislativo 1425, que realizó precisiones a la norma antielusiva.

La Sunat aún no emite la resolución que delimitará las funciones de ese comité. “La Sunat debe hacer un seguimiento para que la institución tenga todos los cuidados debidos para evitar excesos en las decisiones de los auditores”, agrega Quispe.