Contraloría detectó perjuicio en concesión de puerto de Paita

Habría superado los US$ 6 millones.

El organismo de control involucra a funcionarios de la Autoridad Portuaria Nacional y Ositran, porque habrían reconocido inversiones mínimas del concesionario como si fueran obras adicionales.

La Contraloría informó que detectó un perjuicio económico por más de US$ 6.1 millones y S/ 271,500 en el contrato de concesión del Terminal Portuario de Paita en la región Piura, debido al presunto incumplimiento de obligaciones contractuales y de la normativa del Sistema Portuario Nacional.

Indicó que como resultado de una auditoría de cumplimiento a la Autoridad Portuaria Nacional (APN) -que actúa en representación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (concedente)-, a ProInversión y al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), la Contraloría identificó presunta responsabilidad de 22 funcionarios y ex funcionarios de la APN y Ositran involucrados en el caso

Sobre esto último, la presidenta de Ositran, Verónica Zambrano, replicó que ya han hecho su descargo ante la Contraloría, y que con esta denuncia ese organismo estaría incurriendo en presunto abuso de autoridad (ver nota vinculada).

Observaciones

La Contraloría explica que su auditoría al contrato de concesión -suscrito el 9 de setiembre del 2009 y concesionado a 30 años- alcanzó la revisión del periodo entre el 31 de marzo del 2009 al 30 de marzo del 2018.

Como resultado de ello, formuló seis observaciones: la primera, que la APN aprobó los expedientes técnicos de obras civiles, equipamiento complementario y servicios de sistemas de información como inversiones adicionales, y el Ositran las reconoció como tal, pese a que correspondían a inversiones mínimas, lo que ocasionó un perjuicio al Estado de US$ 2.9 millones por la reducción del monto de inversión adicional, incluido IGV, consignado en la propuesta económica del concesionario.

Además, que la APN aprobó expedientes técnicos de las obras de infraestructura portuaria con cargo a la inversión adicional, y el Ositran las reconoció como tal, pese a que correspondían a obras mínimas de acuerdo al contrato y propuesta técnica del concesionario. Esto, dice, ocasionó perjuicio al Estado de US$ 3.2 millones por la reducción del monto de inversión adicional, consignado en la propuesta económica del concesionario.

Observa también que el concesionario dio fuera del plazo previsto en el contrato, información que acreditaba el cumplimiento de niveles de servicio y productividad de 8 trimestres de la concesión, y que Ositran no inició procedimiento administrativo sancionador al concesionario, pese a que constituía una infracción grave, lo que ocasionó que no se aplique una sanción de S/ 720,000 como mínimo.

Además, indica que el concesionario no presentó en plazo estados financieros auditados de sus accionistas fiadores, lo que causó perjuicio al Estado por S/ 271,500, por inaplicación de penalidades.

Replica

OSITRAN REFUTA ACUSACION

La presidenta de Ositran, Verónica Zambrano, salió al frente de la denuncia de la Contraloría que involucra a funcionarios de ese ente supervisor (ver nota principal) y consideró que la misma, en el caso de esa entidad, constituiría un abuso de autoridad.

Zambrano explicó que, en principio, la definición de obras mínimas o adicionales no la formula ni aprueba Ositran, sino el concesionario (MTC) y la Autoridad Portuaria Nacional, y que eso está claramente precisado en el contrato. Señaló que la Contraloría, al parecer, se basa en un acta donde ProInversión opinó qué obras adicionales de la concesión deberían ser las mínimas, pero que eso no se plasmó ni en las bases ni en el contrato.