Congreso endureció el DU 003 y lo extendió a socias de Odebrecht
El decreto tendrá vigencia de seis años y el Estado está obligado a retener cualquier pago en los proyectos en los que participen socias de Odebrecht. Graña y Montero será la más afectada.
El Congreso aprobó anoche modificar el Decreto de Urgencia (DU) 003-2017, vigente desde febrero de este año, para endurecer algunos de sus aspectos y extenderlo a las empresas peruanas que hayan sido socias de Odebrecht. El debate había quedado pendiente desde el jueves 12 de octubre, y el texto sustitutorio debatido fue una versión distinta a aquellas que se conocieron hace unas semanas.
Así, el DU 003 se aplicará a las empresas que hayan admitido delitos por corrupción en agravio del Estado o que hayan sido sentenciadas por ello —a la fecha, sólo Odebrecht— y a las empresas que se hayan asociado a Odebrecht en consorcios con una participación a partir de 5% en la adjudicación de contratos vigentes con el Estado.
La modificación se aprobó en primera votación con 55 votos a favor, 21 en contra y 7 abstenciones. Se exoneró la segunda votación con 54 votos a favor, 29 en contra y ninguna abstención. Sólo falta la promulgación del gobierno.
Durante el debate del Pleno, el texto sustitorio que la Comisión de Constitución presentó indicaba una participación a partir de 10%para considerar a las empresas peruanas dentro del DU 003. Ello se modificó tras un debate que se enfocó en incluir a los socios en la carretera IIRSA Sur, como Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales.
GRAÑA Y MONTERO: LA MÁS AFECTADA
Como ha quedado redactado, el DU 003 se aplicaría a las empresas que alguna vez hayan conformado consorcios con Odebrecht con participaciones a partir del 5% en obras con contratos vigentes con el Estado, sean asociaciones público privadas (APP) u obras públicas.
Graña y Montero (G&M), JJC Contratistas Generales y Obrainsa serán las afectadas, pese a que algunas ya no mantengan una relación con Odebrecht hoy o la hayan reducido. A diferencia de una las versiones extraoficiales del DU del 17 de octubre, el DU no especifica si las empresas deben estar asociadas a Odebrecht hoy para se les apliquen las sanciones que señala la norma.
En el caso de G&M, ésta se asoció a Odebrecht en unas cinco obras con participaciones mayores al 10%, y de JJC, por los tramos 2 y 3 de la IIRSA Sur, donde tiene 7% del consorcio. ICCGSA también participa en el consorcio de la IIRSA Sur, pero quedó fuera del DU 003 por tener una participación de 4%.
Obrainsa tuvo participaciones mayores al 20% en las carrerteras El Arenal-Punta Bombón, en Arequipa, y Negromayo, en Cusco, que son obras públicas. La primera aún está en construcción, aunque hoy Obrainsa ya no está asociada a Odebrecht en ninguna obra.
Cuando el DU 003 entre en vigencia, se les aplicarán diversas sanciones que ya se aplicaban a Odebrecht:
- Retención de pagos del Estado (cofinanciamientos, usualmente) en las obras que estas empresas hayan concesionado o contratado con entidades públicas. Esta medida ya estaba contemplada en el dictamen aprobado en primera votación por el Congreso del 5 de octubre. Quedan exentos los pagos irrevocables del Estado, establecidos así por contrato.
- Suspensión de transferencias al exterior de utilidades en obras concesionadas o contratadas por el Estado, así como de los ingresos provenientes de ventas de bienes u otras participaciones (sin relación a las obras que ganaron con Odebrecht).
- Suspensión de transferencias al exterior de dividendos o utilidades de cualquier otra inversión en el país hasta que se haya hecho el pago de la reparación civil o hasta que se absuelva a la empresa del delito. Las transferencias por concepto de pagos de deudas al exterior tendrán que pasar por la aprobación del Ministerio de Justicia.
Entre las medidas que se han endurecido están que las entidades del Estado ya no están sólo facultadas a retener los pagos que les hacen a estas empresas, como está vigente hoy, sino que están obligadas a hacerlo. Además, se extendió la vigencia del DU de tres a seis años.
POSICIÓN DE GRAÑA Y MONTERO
De las tres empresas, G&M es la única empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York y la BVL. Como se conoce, la firma también está en un proceso de venta de activos a fin de garantizar su liquidez, luego de la caída del contrato del Gasoducto Sur Peruano. Así, todas las futuras ventas quedarían supeditadas a la aprobación del Ministerio de Justicia, y los ingresos que reciba serán retenidos hasta el pago de la reparación civil.
Consultada por su posición sobre el nuevo DU 003, la firma indicó en un comunicado:
“Dada la inconstitucionalidad de la norma, la misma que afecta los intereses de la empresa y sus más de 23 mil trabajadores, el Grupo Graña y Montero tomará todas las medidas legales que correspondan, de tal forma de defender su derecho a la presunción de inocencia, tal y como establece la Constitución Política del Perú”.
La firma no precisó si ello implicaría acudir al Tribunal Constitucional. En todo caso, sería la vía previsible.
