Comisión Lava Jato identificó perjuicios y sobrecostos por US$346 millones en obras de agro
De acuerdo al informe de la Comisión Lava Jato, existieron irregularidades en algunos de los principales proyectos de irrigación del país: Olmos, Alto Piura y Chavimochic III.
El informe de la Comisión Lava Jato —que esta semana fue enviado al Ministerio Público, tras ser aprobado en el Pleno del Congreso— estima en algunos casos el impacto económico de los proyectos, más no precisa la metodología que usó para llegar a esas conclusiones. De acuerdo a la presidente del grupo de trabajo, Rosa Bartra, existieron limitaciones ya que no toda la información solicitada fue remitida. También existe el compromiso de hacer públicos los anexos del informe final.
CHAVIMOCHIC III
La Comisión Lava Jato concluyó que el proyecto Chavimochic III, cuyo consorcio es liderado por Odebrecht y cuyas obras están paralizadas desde fines del 2016, generó un perjuicio económico para el Estado de US$226.1 millones debido a “una deficiente elaboración de las bases y contrato para la concesión del citado proyecto por parte de los funcionarios de ProInversión y del Gobierno Regional de La Libertad“, sobre todo en los temas relacionados a la entrega de terrenos y cierre financiero. Ya en febrero del año pasado, el concesionario del proyecto advertía retrasos en la entrega de terrenos destinados a la construcción de la represa Palo Redondo y la extensión del canal madre por 128 kilómetros.
Sobre el contrato de concesión, se indicó que la primera ‘adenda’ se suscribió en mayo del 2015 con la finalidad de ampliar el plazo para el cierre financiero hasta por seis meses adicionales, de modo tal que el plazo máximo para el cierre financiero del concesionario se amplió en 18 meses. Se agregó que éste no fue posible pese a que el Estado financió parcialmente el proyecto a través de dos préstamos otorgados por la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$303 millones.
También se señaló que se suscribieron nuevas actas de ampliación del cierre financiero el 29 de septiembre de 2015, 8 de marzo y 3 de noviembre de 2016, lo cual habría carecido de validez jurídica porque el contrato de concesión del proyecto Chavimochic III “en ninguna de sus cláusulas, estableció la opción a que las partes puedan volver a prorrogar el plazo del cierre financiero”. El informe Lava Jato no calculó el incremento de costos del proyecto debido a que está paralizado, según se indicó en el reporte de más de 1,400 páginas.
PROYECTO OLMOS
La Comisión también cuestionó que, aunque el proyecto fue presentado hace diez años como una iniciativa privada autosostenible, se haya convertido en una iniciativa cofinanciada. “El proyecto debía analizarse a través de los parámetros que establecía el SNIP [Sistema Nacional de Inversión Pública], los cuales pudieron evitar las consecuencias negativas como el fracaso de la subasta de tierras. Al ser clasificada como autosostenible, la iniciativa evitó este mecanismo de control y pasó directamente a diseño del contrato de concesión”, se afirmó en el informe final.
Se indicó que mediante una segunda ‘adenda’, firmada en mayo del 2012, se habilitó a que cualquier empresa vinculada a H2Olmos S.A.pueda adquirir tierras mediante venta directa, es decir, sin subasta. Así, la empresa Odebrecht Inversiones en Infraestructura S.A. adquirió 11,530 hectáreas de 38,000 hectáreas, siendo así la empresa que se adjudicó mayor cantidad de tierras y al menor precio: US$4,250 por hectárea, el precio base de la subasta. “La subasta no fue exitosa debido a las condiciones poco atractivas que aprobó el MEF al momento del diseño del contrato de concesión, y que el principal beneficiado con la referida ‘adenda’ fue el grupo Odebrecht“, afirmó la Comisión.
De acuerdo a la iniciativa privada “Proyecto Irrigación Olmos”, una de las principales fuentes de financiamiento del proyecto era la subasta de 38,000 hectáreas de tierras eriazas, propiedad del Gobierno Regional de Lambayeque que permitiría adquirir aproximadamente US$161,500,000. Tras la compra de tierras, la brasileña Odebrecht vendió las hectáreas por US$64.5 millones, lo que le habría generado un beneficio de US$15.5 millones.
La Comisión, además, concluyó que se habría generado un perjuicio económico de US$49 millones debido a la tercera ‘adenda’ al contrato de concesión del Proyecto Trasvase Olmos, suscrita por el actual gobernador de Lambayeque, Humberto Acuña, y la Concesionaria Trasvase Olmos (CTO), del grupo Odebrecht.
ALTO PIURA
La Comisión Lava Jato señaló en el informe que el costo aproximado del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap) se habría incrementado en S/19.4 millones hasta llegar a los S/499.1 millones, debido a la suscripción de 12 ‘adendas’ entre el Gobierno Regional de Piura y la empresa Camargo Correa, que operó el proyecto entre el 2010 y 2013. Cabe señalar que la primera ‘adenda’ firmada en la gestión de César Trelles Lara fue anulada por el expresidente regional de Piura, Javier Atkins.
“Existen once ‘adendas’ suscritas vigentes que modifican el contrato original, principalmente en su cláusula quinta respecto al valor del contrato. Además, durante la ejecución de la obra se aprobaron 42 valorizaciones presentadas por la empresa Camargo Correa S.A”, advirtió la Comisión en el informe. También se observó que durante el segundo gobierno de Alan García se exonerara del SNIP a la primera etapa del proyecto Alto Piura, pese a que ya en el 2005 el MEF y el Minagri habían denegado la exoneración. “Se considera que la exoneración del estudio de factibilidad califica como un hecho irregular porque se desconoció los informes técnicos que recomendaban que el proyecto cumpla con las etapas del SNIP“, se indicó.
Tras la exoneración del estudio de factibilidad, se habrían observado deficiencias en la elaboración, supervisión, aprobación y reformulación del expediente técnico de las obras del trasvase del proyecto, que habría generado un perjuicio económico ascendente a S/1,021,275. A eso se suma que durante el proceso de licitación de la ejecución de la obra, para la construcción de la presa tronera y un túnel trasvase, se actualizó el valor referencial del expediente técnico tres veces, incrementando su valor inicial en S/117 millones.